El destino del presidente del Gobierno -que en una horas comunicará si continúa o no al frente del Ejecutivo- toma como rehén a dos de los aspectos más determinantes para la economía española: la ejecución de los fondos europeos y el cumplimiento de los objetivos fiscales. La agitación parlamentaria que ha generado el impasse de Sánchez ha removido el equilibrio parlamentario. La discordancia de Junts, que durante los últimos días ha vacilado con no apoyar al socialista en una hipotética cuestión de confianza, pone en riesgo la aprobación de los hitos adheridos al desembolso de los Next Generation y leyes imprescindibles, como la de los presupuestos que ya han comenzado a gestarse en el seno de La Moncloa. Más complejo será el horizonte económico, en el caso de que el presidente anuncie su dimisión.

En el escenario más prudente -que espera la continuidad de Sánchez- reformas clave como la del subsidio por desempleo o la fiscal peligran, ante la precaria aritmética parlamentaria que resultaría de un paso atrás de los de Carles Puigdemont. La Comisión Europea demanda que ambas medidas -junto a otras- sean aprobadas por el Congreso de los Diputados para que España pueda recibir los 17.500 millones procedentes del cuarto y quinto pago de los fondos europeos. Además, Bruselas teme por la estabilidad del Gobierno. La crisis política originada durante los últimos días ha sobresaltado los líderes europeos, que asisten con estupor al desenlace de cuatro días de reflexión nacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez | EFE


La posible pérdida del apoyo a Sánchez de Junts, pondría también en jaque la estabilidad de las cuentas públicas. El Gobierno debe sacar adelante los presupuestos para 2025, después de verse obligado a prorrogar los de 2023. Sin embargo, la desconfianza que despierta Puigdemont en el Ejecutivo amenaza el proyecto de cuentas. Lo mismo ocurre con la senda fiscal y el techo de gasto. Moncloa no puede permitirse extender los criterios incluidos en los presupuestos de 2023, redactados para un contexto económico y fiscal diferente al que anticipa el próximo año. Un 2025 en el que las reglas fiscales retornan con la exigencia de cumplir con una estrategia de gasto, inversiones y medidas, que el ministerio de Economía y el de Hacienda deberán presentar ante la Comisión Europea el próximo mes de septiembre.

También será preciso asegurar medidas vitales para apuntalar la recaudación, como la permanencia de los impuestos a la banca y energéticas. Ambos, muy necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos fiscales. El ministerio de Hacienda tiene intención de instalar el gravamen, que en 2023 procuró casi 3.000 millones de euros extraordinarios para la Agencia Tributaria, en el sistema fiscal español a través de una ley -que como el resto- necesita del aval de la Cámara Baja.

Más allá del plano personal del presidente, la incertidumbre que despertaron -desde el pasado miércoles- sus palabras es total, tanto dentro como fuera de España. La posibilidad de que termine por anunciar su dimisión supondría la voladura descontrolada de la política económica. La marcha del presidente tumbaría la oportunidad de contar -no solo con presupuestos en 2025- sino con la financiación comunitaria. Un tema -este último- especialmente sensible, ya que Economía prevé que los Next Generation provoquen su mayor impacto sobre el PIB durante lo que queda de 2024 y -sobre todo- en 2025.

Sin los fondos, la economía dejaría de contar con uno de sus motores principales, condenando a la actividad a la contracción. Además, una marcha total del jefe del Ejecutivo detendría todas las medidas que Moncloa ha dispuesto para corregir los desequilibrios que todavía subyacen. Es el caso de la productivad, incapaz de remontar desde el inicio de la pandemia. El equipo del titular de Economía -Carlos Cuerpo- y la de Trabajo -Yolanda Díaz- siguen pendientes del análisis del Consejo de la Productividad, sobre el que deberían basarse las iniciativas para subsanar esta arista del mercado laboral. También reformas, como la de financiación autonómica -aparcada desde 2014- quedaría en un cajón, junto a otros asuntos, como la protección de la industria estratégica española.

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